Las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor no sólo debilita el derecho a la educación establecido en el Artículo Tercero Constitucional, sino también a la propia escuela pública, como en su momento ocurrió con la autorización para que el gasto en colegiatura fuera deducible del Impuesto Sobre la Renta, coincidieron las diputadas Delfina Gómez Álvarez y Patricia Aceves Pastrana.

Al presentar la postura del Grupo Parlamentario de Morena al respecto, la primera subrayó que las reformas legalizan prácticas indebidas que durante mucho tiempo se ha pugnado por impedir, sobre todo si se considera que los colegios privados son una opción para los estudiantes que no logran obtener su inscripción en una escuela pública, entre otras causas, por falta de espacios.

“En particular la lasciva costumbre de suspender el servicio educativo a los alumnos por falta de pago y, en muchos casos, el de exhibir en listas públicas a los alumnos que adeudan colegiaturas”, puntualizó la también integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Aseveró que estas prácticas atentan contra el interés superior de la niñez y además promueven la discriminación y el bullying, afectando a quienes menos se les debería de fastidiar o molestar como son los educandos.

En ese contexto, Delfina Gómez señaló que no se debe perder de vista que muchos padres de familia hacen un esfuerzo para que sus hijos continúen sus estudios y, de esta forma, asegurar su derecho a la educación.

Asimismo, consideró que las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor son insuficientes, al menos por dos carencias: porque se considera a la escuela privada como un negocio y no como un servicio público.

“Creo que nos tocaría ver de qué manera podemos ofrecer una educación laica y gratuita, y no estar pensando cómo ayudar a particulares en donde la sociedad sale lastimada en su economía”, puntualizó la legisladora federal mexiquense.

Gómez Álvarez reclamó que mientras a la escuela pública se le ha cargado de evaluaciones y normas y se le fiscaliza minuciosamente el presupuesto, a la educación privada se le deja las manos libres para hacer lo que quieran, e incluso se les apoya con recursos públicos.

“Morena reconoce que el servicio privado de la educación tiene un costo. Sin embargo, debe de ser una forma diferente la que pueda atender esta situación. Es necesario buscar otras alternativas que no vulneren el derecho sustantivo de los niños a la educación”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Patricia Aceves Pastrana presentó una reserva de reformas al Artículo 65 quáter del dictamen, para que pese a la mal llamada Reforma Educativa, se garantice siempre la educación laica y que ésta se base en los resultados del progreso científico.

“De esta manera evitaremos la ignorancia, sus efectos; también la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios, tal como lo establece el propio Artículo Tercero Constitucional”, aseguró la también Secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Indicó que para el Grupo Parlamentario de Morena es necesario dicha reserva ante la amplia participación de dependencias ajenas a la educación, como son la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor.



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