Esta mañana se aprobó en lo general y lo particular la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia en la Cámara de Diputados.

Durante la primera sesión ordinaria de la LXV Legislatura, la iniciativa recibió 273 votos a favor y 220 en contra y cero abstenciones.

La disposición modificará la Constitución para establecer la responsabilidad penal del presidente y abre la puerta al juicio político y a la declaración de procedencia.

De lograrse un acuerdo entre los legisladores, el Ministerio Público podrá iniciar acciones en contra del presidente mientras que el Senado determinará la responsabilidad del presidente.

Para lograr el desafuero, será necesario que el Ministerio Público lo pida a la Cámara de Diputados y que los legisladores lo decidan por mayoría absoluta. Luego de esto, el imputado será separado de su cargo inmediatamente.

Por su parte, el juicio político solo se podrá llevar a cabo en el tiempo en que el servidor ocupe su cargo o hasta un año después de que lo haya dejado.

Si el juicio político define la responsabilidad del funcionario, entonces se le destituirá y también se le podría inhabilitar para ocupar cargos durante diez o hasta treinta años.

La ley también contempla que cualquier ciudadano pueda denunciar a los funcionarios públicos en la Cámara de Diputados.

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